Más pobres que ayer, aunque menos que mañana

Rubalcaba y Zapatero se abrazan en el Congreso (Foto: iberosphere.com)

Opinión

Nada es casual; todo tiene causas y origina consecuencias, y si se trata de economía y política, este principio es todavía más evidente. Pero muchas veces los poderes económicos y sus bien enseñados políticos se esfuerzan por esconder o disimular tales relaciones causa-efecto por su propio interés en preservar el statu quo. Eso es lo que está sucediendo hoy en España con graves consecuencias sociales y económicas que derivarán, más pronto que tarde, en fuertes e imparables cambios políticos; eso sí, esperemos que pacíficos.

En las últimas tres décadas (tras la reconversión industrial de los 80 que acabó con la siderurgia, la construcción naval y otros sectores, como el textil y el calzado) la economía española ha avanzado apoyada en tres grandes patas: El turismo, el consumo interno y la construcción. Y todo ello ha estado muy bien engrasado desde la entrada de España en la Unión Europea, en 1986, hasta prácticamente ayer por los fondos de cohesión y agrícolas comunitarios, que servían para trazar las grandes redes de autovías y el AVE, al tiempo que proporcionaban una sostenida cartera de negocio a las principales firmas de infraestructuras y material ferroviario alemanas y francesas.

Los poderes económicos y políticos se esfuerzan por sustraer de la atención ciudadana las graves consecuencias económicas y sociales de las medidas recientemente adoptadas para sostener la deuda española

Sólo los fondos agrarios suponían ayudas por un importe total cercano al billón de pesetas anuales (6.000 millones de euros). A partir del 2000, con la entrada en el euro, España se benefició de una estabilidad monetaria con tipos de interés muy bajos (bajaron del 9% en 1996 al 3,5% en 2006), lo que generalizó una fiebre de endeudamiento en empresas y familias impulsada por tipos de interés reales negativos (era mayor la inflación que el tipo de interés de los préstamos).

La banca, tanto la pública (cajas de ahorros controladas por las comunidades autónomas) como la privada (con Santander y BBVA a la cabeza), se subieron a la ola que tal coyuntura creó en el mercado inmobiliario desde una doble vertiente: Como principales acaparadores de suelo urbanizable y promotores inmobiliarios, y, lo que es más natural, como vendedores de préstamos.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria (Gráfico: blogs.cincodias.com)

El Estado, tanto con el PP como con el PSOE, lejos de intentar evitar la formación de la burbuja inmobiliaria suprimiendo las desgravaciones fiscales en el IRPF a la compra de vivienda, o de mejorar la protección de los consumidores ante las entidades financieras (eliminando la cláusula suelo y reformando la Ley Hipotecaria para que la devolución del piso cancelara totalmente la deuda con el banco o caja), se dedicó a recaudar cada año más y a crecer en tamaño como Administración, como si la curva del crecimiento económico, la construcción y el consumo (coches, viajes, etcétera) no fuera a descender nunca.

Más de 12 años de prosperidad económica (1996-2008) fueron el caldo de cultivo de una corrupción urbanística generalizada, más allá de operaciones malayas puntuales, amparada en el gran poder y discrecionalidad que la legislación de ámbito municipal otorga a los alcaldes, y que tampoco PP, PSOE ni ningún otro partido, por pequeño que fuera, quiso modificar porque la situación les beneficiaba. Todo ello ha degenerado en el rosario de casos de corrupción local que ha salpicado tanto la geografía como el mapa político nacional, sin distinción de ideologías.

Como consecuencia de tanta abundancia económica (dinero barato, ciclo económico expansivo, aumento del número de inmigrantes) la Administración central, pero sobre todo autonomías y ayuntamientos, multiplicaron sus recursos y personal, y florecieron todo tipo de consorcios y empresas públicas o mixtas. Según el informe ‘El Coste de la Administración Pública’, de la EAE Business School, entre los años 2000 y 2008 el número de funcionarios de las comunidades autónomas y municipios prácticamente se duplicó en España (aumentó un 95,4%). Sin embargo, los potentes ingresos fiscales lo cubrían todo y todavía daban para reducir un poco la deuda del Estado cada ejercicio.

Evolución del déficit por cuenta corriente español (Gráfico: expansion.com)

Pero tanto el FMI como la OCDE y otros organismos ya llevaban una década advirtiendo a las autoridades españolas de los principales desequilibrios de la economía derivados tanto del peligro de formación de una burbuja inmobiliaria como del fuerte déficit continuado por cuenta corriente (cuando se invierte, por ejemplo en inmuebles, más de lo que se puede ahorrar o se importa más de lo que se exporta hay que financiarse en el extranjero), lo que había generado una posición deudora del país que en 2006 ya representaba el 9% del PIB.

La pertenencia a la moneda única era algo muy bueno pero también tenía efectos secundarios. Ante ello, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería haber seguido los consejos, por ejemplo, de Rafael Pampillón, de la IE University, que en 2006 sugería:

Ante la ausencia de una política de tipo de cambio, el equilibrio exterior y la mejora de la competitividad sólo son posibles a través de la estabilidad de precios que sólo se puede alcanzar mediante políticas fiscales más restrictivas, estímulo a la competencia y reformas estructurales que permitan una mayor movilidad de los factores productivos y mayor flexibilidad de la economía. De no seguir este camino lo único que nos espera es o un aterrizaje suave de la economía o bien uno brusco, como los que han tenido Alemania, Japón, Italia y Portugal, durante diez años.

En cambio, Zapatero sólo estaba preocupado por salir reelegido en 2008, ante lo que sus asesores idearon iniciativas tan beneficiosas para la contención de los precios y el equilibrio de las cuentas públicas como una nueva reducción del Impuesto sobre Sociedades (del 32,5% al 30%), la deducción de los 400 euros en el IRPF y el cheque-bebé de 2.500 euros; sin distinción de rentas para los beneficiados, lo que equivale a decir con intenciones directamente electorales.

Con el crash financiero internacional de 2008 llegó la recesión a España en 2009 y 2010, y veremos si no continuamos en ella en 2011. Por el camino tenemos casi 5 millones de parados, la Seguridad Social ha entrado en números rojos (-0,24%), los empleados públicos han perdido un 5% de sueldo de media y se han dictado sendas reformas laboral y de las pensiones. Ante todo ello, los sindicatos se han retratado para la posteridad.

Evolución del acceso del sistema financiero español a la financiación a bajos tipos del BCE (Gráfico: expansion.com)

Además, tanto PSOE como CiU y PP han demostrado tener una asombrosa unanimidad en poner toda la carne en el asador (y los fondos públicos necesarios, pese al insostenible déficit público) para preservar las cuentas de resultados de los bancos y cajas, y recientemente para reagrupar a éstas últimas sin pedir responsabilidades a los presidentes ni adoptar medidas económicas ni laborales traumáticas, y todo ello a pesar de que conseguir un crédito, aunque sea muy caro, en España es harto difícil desde 2008.

Según las cuentas de 2010 presentadas recientemente por la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, mientras que el pasado año nos incrementaron el IRPF, el IVA y los impuestos especiales a los ciudadanos la mitad de las comunidades autónomas y el conjunto de los ayuntamientos continuaron gastando alegremente e incumplieron el objetivo de déficit.

Y como en los últimos 10 años no se han acometido reformas estructurales serias en materia de mercado interior, no se ha reducido la dependencia energética exterior ni fomentado la competencia, la inflación se ha disparado hasta el 3,6% en sólo dos meses de 2011 por la inestabilidad en el mundo islámico y los tipos de interés del BCE amenazan con subir próximamente y poner en serio aprieto al sector financiero español y a los tres millones de familias que supuestamente aún conservan su hipoteca.

Diríase que el Gobierno se ha propuesto devaluar al país para cumplir con las exigencias de la pertenencia a la moneda única, del FMI y de la comunidad financiera internacional

Frente a esta situación, al Ejecutivo de Zapatero sólo se le ha ocurrido aprobar una Ley de Economía Sostenible (LES, que previsiblemente no llegará a entrar efectivamente en vigor en la mayoría de sus puntos); hacer públicas las cuentas de las autonomías cada trimestre para que gasten menos por vergüenza torera; pedirles que reduzcan el precio de los billetes del transporte público (lo cual está en contradicción con el punto anterior); sustituir bombillas de alumbrado público por otras más eficientes en miles de municipios (que seguirán luciendo también de día), y la medida estrella que hoy entra en vigor: Reducir el límite de velocidad en autopistas y autovías de 120 a 110 kilómetros por hora, con evidentes efectos recaudatorios vía multas.

Diríase que el Gobierno se ha propuesto devaluar al país para cumplir con las exigencias de la pertenencia a la moneda única, del FMI y de la comunidad financiera internacional (incluidos los principales bancos y cajas españolas), que han invertido cientos de miles de millones de euros en deuda pública y privada española y no están dispuestos a perderlos caiga quien caiga (léase por muy impopulares que sean las medidas, presidente Zapatero).

Por si hubiera alguna duda, Fitch acaba de modificar la calificación de la deuda soberana de España de estable a negativa por los riesgos “que suponen la debilidad de la recuperación económica, la reestructuración del sector bancario y la consolidación fiscal, especialmente en los gobiernos regionales”.

¿Qué tiene que ver con esto la reducción de la velocidad a 110 kilómetros por hora? Unos ingresos extra para Hacienda y, sobre todo, una considerable cortina de humo mediática. Mientras los españoles discutan sobre la velocidad de los coches se tapan las decisiones esenciales que ya han sido tomadas y que conducen a un empobrecimiento general para situar a la economía española en la posición de competitividad exterior que no se supo alcanzar durante la época de gran abundancia.

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