El Tribunal de Cuentas denuncia que la corrupción anida en la contratación pública de las autonomías

El ‘caso Palau’ ha destapado la financiación ilegal de 5,9 millones de euros a CDC mediante comisiones de constructoras entre 2002 y 2008 (Foto: Efe)

Un informe del Tribunal de Cuentas (que lleva seis meses en el Congreso de los Diputados esperando ser analizado y debatido) denuncia un grave descontrol en la contratación pública de todas las comunidades autónomas, con múltiples ilegalidades que han dado lugar a escandalosos casos de corrupción, como el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana o el caso Palau de la Música en Cataluña.

El Tribunal ha analizado la gestión del gasto de todas las autonomías durante los años 2006 y 2007, en total unos 2.500 contratos de todo tipo (obras, suministros, consultorías, etcétera) adjudicados por casi 10.000 millones de euros. Las conclusiones que saca sobre la utilización del dinero público en este nivel de la Administración española son sumamente preocupantes, según informa Francisco Mercado en El País.

La auditoría del Tribunal de Cuentas llegó hace medio año al Congreso, pero sus señorías no han tenido tiempo de estudiarla y debatirla

Éstas son las principales ilegalidades descubiertas por el Tribunal de Cuentas en los procesos de contratación pública de las comunidades autónomas, las mismas que ahora tienen que reducir déficits presupuestarios de hasta el 7,3%, como en el caso de Castilla-La Mancha:

El déficit definitivo de Madrid fue del 2,2%, no del 1,13% (Tabla: Expansion.com)
  • Ofertas injustificadas. Falta de justificación de la necesidad de los contratos, justificaciones poco concretadas o insuficiente justificación de los costes.
  • Fraccionamiento indebido de la cuantía de los contratos para evitar el concurso.
  • Falsa urgencia.
  • Abuso del concurso en lugar de la subasta.
  • Procedimiento injustificado. Falta de justificación de la elección del procedimiento y forma de adjudicación de los contratos, en particular de los supuestos legales que permitían la contratación conjunta de proyectos y obras.
  • Falta de criterios de adjudicación de los concursos. Por ejemplo, al no expresarse con precisión o no fijarse la metodología para su aplicación y para la asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos.
  • Informes técnicos de valoración de las ofertas sin motivar o incorrectamente motivados.
  • Insuficiente valoración de las bajas de los precios de las ofertas en los pliegos y/o informes de valoración de los concursos.
  • Falta de publicidad y libre concurrencia en muchos contratos.
  • Modificaciones de contratos en ejecución, particularmente de obras, que no responden a nuevas necesidades surgidas durante su ejecución, sino a imprevisiones o deficiencia en las actuaciones preparatorias y sin que, generalmente, conste la exigencia de las correspondientes responsabilidades y/o resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las administraciones.
  • Deficiente constancia de la conformidad de la Administración con las facturas correspondientes a suministros de bienes fungibles o de material sanitario a hospitales o servicios públicos de salud.
  • Insuficiente justificación de los contratos de consultoría, asistencia o servicios.

Fuente: El País
Foto: Efe/ABC
Tabla: Expansion.com

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