Los sindicatos de periodistas españoles denuncian el aumento de las agresiones policiales

Un fotoperiodista es inmovilizado en el suelo por dos antidisturbios en un desalojo de la Puerta del Sol de Madrid el 14 de Mayo de 2012 (Foto: Víctor Lerena/Efe)
Un fotoperiodista es inmovilizado en el suelo por dos antidisturbios en un desalojo de la Puerta del Sol de Madrid el 14 de Mayo de 2012 (Foto: Víctor Lerena/Efe)

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) , que agrupa a radios y televisiones locales de toda España, han denunciado a través de una nota de prensa “el incremento de las agresiones policiales a periodistas y comunicadores de medios comunitarios”, personas que “tienen la responsabilidad constitucional de informar a la ciudadanía”.

Asimismo, los sindicatos de periodistas señalan que “los agentes no pueden exigir un carné oficial porque no existe, ya que el Congreso no ha querido regular por ley la profesión periodística”.

La Federación de Sindicatos de Periodistas y la Red de Medios Comunitarios expresan su preocupación por esta escalada de violaciones de derechos de los periodistas y de otros comunicadores sociales. A estas actitudes hay que añadir la pasividad que demuestran algunos agentes en casos aislados, como ha ocurrido recientemente en varias ciudades, que no han hecho nada mientras presenciaban cómo algunos ciudadanos agredían a periodistas que estaban cumpliendo con su obligación de recabar información.

“Cualquier policía o administración que se atribuya la capacidad de decidir quién es periodista, y así pretenda autorizar la labor de informar, actúa contra derechos fundamentales de la ciudadanía”

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP y los medios comunitarios asociados a la ReCM recuerdan al Ministerio del Interior y a las administraciones responsables de otras fuerzas de seguridad lo siguiente:

– Que, aunque en ocasiones no sea fácil garantizar el orden público y la seguridad en grandes aglomeraciones a las que, presuntamente, pudieran acudir pequeños grupos de personas violentas, como afirman algunos agentes, esa seguridad no la van a conseguir persiguiendo, hostigando y, en algunos casos, agrediendo físicamente a quienes tienen la responsabilidad constitucional de informar a la ciudadanía.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, es la responsable del orden público en la comunidad autónoma (Foto: Paco Campo/Efe)
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, es la responsable del orden público en la comunidad autónoma (Foto: Paco Campo/Efe)

– Que en España no existe ningún documento “oficial” que acredite si una persona es periodista; por lo que la práctica policial de exigir un carné inexistente para poder cubrir un acto en la vía pública es una clara vulneración del derecho a la información garantizado por la Constitución a todos los ciudadanos. Esos profesionales de la información se identifican con su documento de identidad y el carné del medio para el que trabajan o colaboran, o la credencial del sindicato u organización profesional de periodistas a la que pertenezcan.

– Que cualquier policía o administración que se atribuya la capacidad de decidir quién es periodista, y así pretenda autorizar la labor de informar, actúa contra derechos fundamentales de la ciudadanía.

– Que los chalecos u otras prendas de identificación -de uso optativo, no obligatorio- que entregan algunas asociaciones y sindicatos a sus afiliados, para trabajar en las manifestaciones, no pueden servir de excusa para apartar a los periodistas y comunicadores comunitarios de los lugares donde se produce la noticia y aislarlos en una pretendida “zona de seguridad”.

– Que la seguridad de los periodistas también es responsabilidad de los agentes policiales, por lo que no cumplen con sus obligaciones los agentes que no intervienen sino que toleran la agresión a periodistas por parte de algunos ciudadanos.

– Que la reiterada detención de periodistas y otros comunicadores, incluso acudiendo a sus domicilios para trasladarlos a la comisaría -como ha ocurrido recientemente en Madrid con dos fotoperiodistas- supone, en determinados casos, un exceso de celo que puede estar ocultando la intención de algunos agentes de amedrentar a los informadores. Las posteriores resoluciones judiciales han demostrado la desproporción de esas actuaciones policiales.

La FeSP y la ReCM también recuerdan que el Congreso de los Diputados ha rechazado en los últimos años varias propuestas para regular por ley el derecho a la información de la ciudadanía. El Poder Legislativo no tiene ninguna excusa para seguir manteniendo esta situación, totalmente anómala en la Unión Europea y en muchos países de todo el mundo.

Fotos: Efe

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