Los jueces vuelven a detener la privatización de la sanidad madrileña

El  consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty (Foto: Uly Martín)
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty (Foto: Uly Martín)

[Entrada actualizada el 11 de Septiembre de 2013]

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha recibido su primer varapalo a la privatización de seis hospitales, un proceso que había sido ratificado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado jueves, 4 de Julio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelar y urgente la adjudicación de estos centros sanitarios porque la Consejería de Sanidad ha rebajado en el último momento la fianza a prestar por las compañías adjudicatarias en un 90% con respecto a lo señalado en los pliegos del concurso, lo que podría constituir una limitación a la libre concurrencia en beneficio de las tres adjudicatarias: Ribera Salud, Bupa Sanitas e Hima San Pablo.

El departamento que dirige Fernández-Lasquetty ha justificado la modificación de las condiciones (solo cuatro días antes de que finalizara el plazo de presentación de ofertas) en que se trataba de una errata: se dice en el pliego que la fianza será del 5 por ciento del importe total del contrato, con vigencia para diez años, cuando debería decir el 5 por cien del importe anual del contrato. En la práctica, la fianza se rebaja de más de 200 millones de euros a solo 28 millones.

El Tribunal, una vez recibidas las alegaciones de la Comunidad de Madrid, decidirá la próxima semana si convierte la suspensión provisional en definitiva

Sin embargo, los jueces argumentan que el cambio “excede el ámbito de un simple error material siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea el 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual, lo que podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva según la convocatoria posteriormente rebajada por la vía de corrección de errores”.

La paralización judicial del proceso de privatización, que responde a una petición del Partido Socialista, afecta a los hospitales públicos Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. La Consejería pretendía comenzar la gestión privada de estos centros el próximo mes de Septiembre. La semana que viene, una vez recibidas las alegaciones de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior decidirá si convierte la suspensión provisional en definitiva.

Gráfico: El País
Gráfico: El País

ACTUALIZACIÓN DEL 24 DE JULIO

El 24 de Julio, el Tribunal Superior ha publicado su resolución definitiva sobre esta cuestión en la que da la razón a la Comunidad de Madrid y rechaza el recurso contencioso-administrativo presentado por el Partido Socialista de Madrid, no por el fondo de la cuestión (la libre concurrencia en un concurso público) sino porque este partido no tiene legitimidad para solicitar la impugnación del proceso, al no ser parte afectada por la resolución que fija las condiciones del concurso.

En consecuencia, sigue adelante el proceso de externalización o privatización de los seis mencionados hospitales madrileños. No obstante, un juzgado madrileño ha admitido a trámite una querella por malversación y prevaricación contra dos ex consejeros de Sanidad presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).

ACTUALIZACIÓN DEL 4 DE SEPTIEMBRE

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha paralizado de forma cautelar y para “proteger derechos fundamentales” la privatización de los mencionados seis hospitales madrileños en respuesta a una denuncia presentada por Afem. El magistrado Carlos Gómez considera que la adjudicación de los centros hospitalarios a empresas privadas por un periodo de diez años “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad”.

Asimismo, el juez acusa a los responsables de la Administración madrileña de asumir “sin más su incompetencia” para gestionar el servicio sanitario de los seis hospitales con mayor eficiencia.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, calificó de “incomprensible” el auto y criticó al juez porque “emite en muchas ocasiones opiniones de tipo político, o personal, pero no jurídicas”. “Se debería haber inhibido. Si es o no competente el juez del número 4 lo tendrá que decidir el TSJM, que ya se pronunció en Julio”, alegó.

ACTUALIZACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el mismo que invocó Lasquetty, ha terminado paralizando el proceso privatizador de los hospitales madrileños hasta que se pronuncie sobre el recurso presentado por Afem porque la modificación del sistema de gestión “es de unas dimensiones tan extraordinarias (…) que harían muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso, volver a la situación anterior”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido la resolución de la Consejería de Sanidad del pasado 30 de Abril con las condiciones del pliego de licitación del concurso para privatizar la gestión hospitalaria

Afem recurrió el proceso de privatización tras encargar un informe jurídico que argumenta que los pliegos del concurso perjudican al personal estatutario fijo y a los interinos, presentan “graves lagunas y defectos”, y afectan a la formación de los médicos residentes, la investigación y la docencia. La organización médica había alegado al solicitar la suspensión cautelar la dimensión del proceso y los perjuicios “irreparables” a trabajadores y ciudadanos.

El TSJM acordó suspender la resolución de la Consejería de Sanidad del pasado 30 de Abril donde se hacían públicas las condiciones del pliego de licitación del concurso, que posteriormente fue modificada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a través de una corrección de errores que disminuyó en un 90 % los avales económicos que debían presentar las empresas.

Esta modificación de los avales, apunta el TSJM, “sin prejuzgar el fondo del recurso (…), puede exceder de la posibilidad de rectificación de errores materiales” y “podría haber limitado el principio de libre concurrencia”, por lo que podría ser nula, “una circunstancia que no puede ser obviada por la sala”.

Foto: Uly Martín/El País
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