En los últimos tres años y medio el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, ha sometido a los españoles a un ajuste económico, también llamado devaluación interna, para cumplir con las exigencias del rescate de las cajas de ahorros y asegurar la financiación de las políticas y deuda públicas por los mercados financieros. La operación ha consistido en convertir deuda privada de empresas y bancos en deuda pública, que entre 2011 y 2015 ha aumentado en 300.000 millones de euros, de unos 700.000 millones a un billón de euros aproximadamente.
Para asegurarse de que esta devaluación interna o zarpazo a los salarios y servicios sociales se lleva a cabo con todas las garantías, el PP ha desarrollado una batería de medidas y reformas legales que han debilitado seriamente el estado de derecho en los siguientes aspectos:
- Acceso a la justicia y revisión judicial independiente y efectiva
- Igualdad ante la ley y no discriminación
- Separación de poderes e independencia judicial
- Seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos
- Procedimiento legislativo transparente, con responsabilidad, democrático y plural
Todos estos derechos y conquistas democráticas amenazados constituyen la esencia de los principios y valores de la Unión Europea, de la que España forma parte. Por ello, la organización no gubernamental European Liberties Platform (Plataforma de Libertades Europeas o ELP por sus siglas en inglés) ha lanzado una campaña para pedir a la Comisión Europea que se posicione ante el atropello de las libertades y derechos públicos en España.
El presupuesto del gobierno español en Justicia se ha visto reducido a la tercera parte entre 2010 y 2012, y está entre los más bajos de Europa
La Comisión ha establecido un nuevo marco legal para garantizar el estado de derecho ante las amenazas sistemáticas, que es complementario a otros mecanismos existentes, y cuyo objetivo es «permitir a la Comisión encontrar una solución con el Estado miembro de que se trate, a fin de evitar que la amenaza sistemática al Estado de derecho […] se convierta en un claro riesgo de seria violación a los efectos del artículo 7 del TUE».
Según denuncia European Liberties, un indicador de la falta de compromiso para hacer accesible el sistema judicial en España es el presupuesto destinado a la justicia gratuita: España invierte 0,80 euros/habitante frente a la media europea de 8,63 euros. En los últimos años, entre el 25% y el 35% de las personas se han visto privadas de su derecho de acceso a la justicia.
«El presupuesto destinado a la Justicia en euros por habitante cayó de manera drástica entre 2010 y 2012 -de aproximadamente 90 euros/habitante a menos de 30 euros/habitante-, y está entre los más bajos de Europa. El presupuesto para la Justicia siguió bajando en 2013 (un 4,21%) y en 2014 (un 2,13%). España está también entre los países europeos con menor número de jueces por habitante (con tan sólo 10 jueces por 100.000 habitantes aproximadamente) y obtiene una mala calificación en cuanto a la percepción social de la independencia judicial», apunta la organización defensora de los derechos humanos.
Si quieres participar y difundir la campaña de la Plataforma de Libertades Europeas, haz click en el siguiente enlace:
Infografía: European Liberties Platform
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(Este artículo también está disponible en Medium: El recorte de los derechos y libertades públicos en España vulnera los tratados de la Unión Europea)
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