Diez propuestas de Civio a los partidos para que haya transparencia en la política

La Fundación Ciudadana Civio es una ONG que trabaja para que exista una transparencia real y un libre acceso a los datos públicos por parte de cualquier ciudadano u organización. “Creemos en una sociedad construida por una ciudadanía activa y participativa con una fuerte responsabilidad democrática”, afirma Civio en su web.

Con motivo de las próximas elecciones generales del 20 de Diciembre, Civio ha publicado un decálogo de propuestas para mejorar la transparencia en la política dirigidas a todos los partidos políticos para que puedan incorporarlas a sus programas electorales. Todas ellas son, en mi humilde opinión, indispensables para regenerar la democracia en España y por eso las recojo en esta entrada.

Creación de un organismo de control de la contratación pública

El Tribunal de Cuentas obviamente no cumple eficazmente con la labor de controlar la contratación pública: lo hace tarde y mal. No existe un organismo encargado de realizar una vigilancia específica de la contratación pública de forma constante, como ha criticado la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se ha postulado para asumir esa tarea. Los informes del Tribunal de Cuentas son parciales y llegan muy tarde.

El propio Tribunal de Cuentas, en su informe de 2012, asegura que las irregularidades más comunes son: troceos de contratos para adjudicarlos vía contrato menor; uso sin justificar del procedimiento de urgencia y de las excepciones de publicación; irregularidades en los criterios de selección de adjudicatario; una deficiente motivación de la adjudicación, y falta de justificación de las modificaciones de contratos.

El peso de destapar las irregularidades recae casi en exclusiva sobre los empresarios que participan en el proceso de adjudicación.

Reforma de la Ley de Transparencia que decrete el derecho de acceso como un derecho fundamental y elimine las barreras actuales

La Ley de Transparencia en vigor se queda corta. Incluye excepciones muy amplias y no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por lo que otras normativas de rango mayor pueden pasar por encima.

Si la norma es poco valiente, su aplicación está siendo aún más restrictiva. El proceso para solicitar información es complejo y requiere de identificación electrónica.

El borrador de reglamento que prepara el Gobierno, en lugar de aclarar conceptos que resultaban vagos (como los tiempos de respuesta), los deja en el aire y limita aún más el derecho, como también ha criticado el Consejo de Transparencia.

Publicación de la ejecución presupuestaria al mismo nivel de desglose que los Presupuestos Generales del Estado

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica, de forma mensual, la ejecución presupuestaria, pero lo hace con un nivel de detalle muy inferior al desglose que ofrecen los presupuestos.

Publicación de la huella legislativa completa

La Ley de Transparencia excluye los documentos de trabajo y borradores de la norma.

Para un ciudadano es casi imposible hacer seguimiento del proceso de aprobación de una ley y, mucho menos, saber qué actores y documentos han participado en ese trámite.

Publicación abierta y completa del registro mercantil

El Registro Mercantil Central, institución oficial de publicidad que aglutina los datos contenidos en los registros provinciales, no permite el acceso gratuito a la información que contiene.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publica, en su sección primera, actos como la constitución de nuevas empresas, nombramientos y ceses de administradores, pero la edición electrónica del BORME, limitado por su disposición por días, no permite la búsqueda de contenido en este apartado. Además, los contenidos disponibles en la web solo abarcan desde 2009 hasta la actualidad.

La falta de un acceso fácil a estos datos, junto a los aranceles aplicados para la obtención y consulta de documentos de los registros mercantiles, ha provocado que empresas privadas -que sí disponen de datos anteriores a 2009- hagan negocio con datos de carácter público que están vetados para el ciudadano que no paga sus servicios.

El Registro Público Concursal, gestionado por el Colegio de Registradores, ya permite consultar edictos concursales, publicidad registral y acuerdos extrajudiciales ligados a un deudor determinado.

Las campañas de la Dirección General de Tráfico son un ejemplo de publicidad institucional
Las campañas de la Dirección General de Tráfico son un ejemplo de publicidad institucional

Publicación del reparto por cabeceras de la publicidad institucional

En la mayoría de contratos de publicidad institucional, la administración pública adjudica el presupuesto total a una central de medios, que es la encargada de realizar el reparto bajo las indicaciones del organismo. Cómo se reparte es, excepto en algunas excepciones, confidencial.

Esta opacidad no nos permite saber si se siguieron criterios de eficiencia o primaron otros intereses.

La Generalitat de Catalunya incluyó en su Ley de Transparencia la publicación del reparto de la publicidad institucional entre medios (aunque aún no la ha hecho efectiva) y ha respondido a preguntas sobre este asunto, pero es un caso aislado.

En su último informe, el Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de planificación y control de la publicidad institucional.

En muchos casos, la ley que regula la publicidad institucional, simplemente, no se cumple.

Publicación de las motivaciones y denegaciones de indultos de forma argumentada

El indulto está regulado por una ley de 1870 que por entonces se denominó “provisional” pero que ha llegado, casi sin retoques, hasta nuestros días.

En porcentaje sobre las condenas, los delitos que son más indultados son aquellos cometidos contra los recursos naturales y el medio ambiente, los cometidos por funcionarios contra la libertad individual, prevaricación y malversación.

El Tribunal Supremo tumbó en 2013 un indulto porque el Gobierno no argumentó la decisión -y es que no lo hace nunca-. La respuesta del Ejecutivo a la sentencia no corrigió esa opacidad en la decisión, sino que añadió una coletilla genérica a cada decreto de indulto que no aporta información alguna.

Gracias al trabajo de El Indultómetro, sabemos cuántas medidas de gracia se han concedido, pero no cuántas se denegaron ni, lo que es más importante, la opinión del juez y el fiscal y las razones del Gobierno para tomar la decisión.

Publicación de agendas de todos los altos cargos y diputados/senadores y creación de un registro del lobby

El lobby no está regulado en España. La Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 no incluyó este apartado y, aunque en varias ocasiones se ha prometido la creación de un registro de grupos de interés en el Congreso, nunca se ha llevado a cabo.

Cataluña es la única comunidad autónoma que ha regulado el lobby hasta el momento, aunque su registro -que entra en vigor el 1 de octubre– tiene algunas pegas (excluye a los abogados, por ejemplo).

El acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid incluye la creación de un registro similar, aunque solo en el ámbito legislativo. Por el momento es solo una promesa.

Algunos partidos políticos (cada vez más), algunos de sus líderes y algunas entidades han decidido, de forma aislada, publicar sus agendas. Eso sí, el nivel de detalle varía mucho de unos a otros. Por ejemplo, la agenda de Pedro Sánchez excluye a aquellos interlocutores que pidan no aparecer en la misma.

Publicación de las denegaciones de compatibilidad de los altos cargos y las razones del sí o el no

El portal de transparencia del Gobierno publica las aprobaciones de compatibilidad, pero no las razones que llevan a tomar esa decisión y tampoco las denegaciones.

En general, no sabemos apenas nada sobre el trabajo de la Oficina de Conflicto de Intereses, lo que impide exigir rendición de cuentas ni ejercer vigilancia ciudadana sobre su trabajo.

Sin esa información es imposible saber si la Ley de conflictos de intereses, que exige un periodo de enfriamiento de dos años, entre otras cosas, se cumple.

La sanción que impone la ley a quien se niegue a presentar la declaración de bienes o actividades u omita de forma deliberada datos y documentos supone, simplemente, la publicación en el BOE de la propia sanción. Nada más.

Publicación desglosada de los presupuestos y gastos de prevención y extinción de incendios

La mayoría de administraciones públicas no publica de forma desglosada cuál es el gasto en prevención y extinción, así como su evolución.

Sólo Andalucía, Asturias, Extremadura, Murcia y los ministerios de Presidencia y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente respondieron a solicitudes de información sobre este punto. Esto es, 13 comunidades autónomas incumplen la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información medioambiental.

Fuente y vídeo: Fundación Civio
Foto destacada: Incendio de Castrocontrigo, en León (Foto: Margareto/León Noticias)

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