La protección de los denunciantes y el secreto profesional de los periodistas son derechos constitucionales

Protesta ante el Tribunal Supremo del 14 de Diciembre por la actuación de un juez sin respetar el secreto profesional de varios periodistas baleares (Foto: A. Lucio)

Este mes de Diciembre de 2018, cuando la Constitución Española cumple 40 años, un juez de Palma de Mallorca ha arremetido contra el derecho al secreto profesional de dos periodistas baleares en su afán inquisitorial por descubrir la procedencia de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, en el que se apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones de euros y se advertía de la implicación de 18 personas, dentro del llamado caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y agentes de la policía local de Palma.

Se trata de la primera vez en cuatro décadas que un magistrado se atreve a ordenar la incautación de ordenadores, móviles y demás material de trabajo de periodistas sin que se les permitiera consultar con los servicios jurídicos de la empresa.

El derecho de los ciudadanos a estar informados, la libertad de información y el secreto profesional son derechos democráticos elementales recogidos en nuestra Carta Magna que sirven precisamente para dar seguridad y protección legal tanto a los denunciantes de corrupción, como sucede en este caso, como a los informadores que ponen los hechos denunciados en conocimiento del público y las autoridades competentes. Y los denunciantes pueden ser todos los ciudadanos, funcionarios públicos o no, que tengan algo que mostrar o señalar, que alguien generalmente no quiere que se sepa, para defender los intereses del conjunto de la sociedad.

Hasta ahora, desde hace al menos 40 años, este derecho al secreto profesional y la protección de las fuentes periodísticas había sido respetado por la autoridad judicial y muchas veces amparado por ella en España. Sin embargo, el juez Miquel Florit esta vez, con el apoyo de la fiscalía, ha traspasado la peligrosa línea roja que diferencia a las democracias de los regímenes autoritarios y la profesión periodística se ha echado a la calle a protestar.

Foto: Autor
Foto destacada: La Voz de Galicia

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4 comentarios en “La protección de los denunciantes y el secreto profesional de los periodistas son derechos constitucionales

  1. Por un lado, los periodistas deben proteger sus fuentes puesto que, sino, correría el riesgo de perderla, por otro lado, la fiscalía podría haber usado, unos buenos modales y pedirle al periodista, que hablara con su fuente para solicitarle la información que la fiscalía requiriera. ¿Sería eso posible? ¿Sería la manera correcta de proceder?

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