Playas: cuando no respetamos la naturaleza ésta nos termina devolviendo el golpe

Así quedaron Les Devesses en Dénia, provincia de Alicante, tras la borrasca ‘Gloria’ (Foto: Tino Calvo / Las Provincias)

En España tenemos una enorme riqueza gracias a la geografía y al clima templado y relativamente estable, sin grandes terremotos ni erupciones volcánicas aunque con episodios frecuentes de graves inundaciones y temporales marítimos. Es lógico teniendo tanta montaña y tantísimos kilómetros de costa.

Sin embargo, desde los años 60 del siglo XX se ha producido una urbanización salvaje de muchas zonas costeras hasta que en 1988 el gobierno socialista aprobó una ley de Costas que señalaba una distancia de 100 metros desde la playa como servidumbre del dominio público marítimo-terrestre donde había limitaciones para construir y se permitía el uso de las edificaciones preexistentes durante 30 años antes de pasar a ser expropiadas por el Estado.

Ahora bien, antes de que se cumpliera ese plazo, en 2013, el Partido Popular aprobó una modificación de la ley de Costas de 1988 que redujo la franja de servidumbre de 100 a 20 metros, lo que permitió la regularización de 12.800 viviendas situadas en dominio público, que según la anterior norma debían ser derribadas, y amnistiar por obras ilegales a los dueños de 140.000 viviendas más.

El mar ha entrado entre 40 y 60 metros tierra adentro en muchos casos, lo que explica que haya habido tantos destrozos en construcciones que, de acuerdo con la ley de 2013, son legales a solo 20 metros de la delimitación costera

Así reaccionó el gobierno español a una resolución tomada cuatro años antes, en 2009, por el Parlamento Europeo sobre la invasión inmobiliaria de las costas españolas en la primera década del siglo XXI, con fuertes críticas a la actuación de la Comisión Europea y las autoridades españolas.

En el dictamen del Europarlamento, llamado informe Auken, se acusa a España de desidia en la aplicación de la ley de Costas de 1988, de la que se asegura que ha sido “ignorada durante muchos años”; de recalificaciones interesadas de suelo rural en suelo urbano, engaños a compradores de viviendas de buena fe que luego descubrían que éstas se encontraban en zona expropiable, destrucción a base de cemento de la costa mediterránea y las islas por parte de ayuntamientos y constructores avariciosos, sentencias que no se cumplen, demoliaciones arbitrarias en perjuicio de ciudadanos extranjeros, como en el caso de la isla balear de Formentera, y la destrucción de yacimientos arqueológicos, bienes y señas de identidad culturales, así como del entorno natural y paisajístico.

El resultado de este desastre ambiental son cientos de kilómetros de costas españolas con viviendas a menos de 100 metros del mar, en la codiciada primera línea de playa, y muchísimas construidas literalmente encima de la playa, dentro del dominio público.

Como ha habido manga ancha por parte de las autoridades en una época de corrupción política generalizada (entre 1990 y 2010, cuando triunfaba el dicho España va bien), ahora cualquier tormenta o temporal marítimo causa tremendos destrozos en paseos marítimos, chalets, carreteras o centros comerciales, como ha sucedido a finales de este mes de Enero con la borrasca Gloria en gran parte de la costa mediterránea, incluidas diez personas muertas.

Según un informe del grupo de investigación de Cartografía GeoAmbiental y Teledetección de la Universitat Politècnica de València (UPV), el paso de Gloria hizo retroceder una media de 11 metros las playas de la Comunidad Valenciana entre el 6 y el 26 de Enero, llegando el mar a empujar en casos puntuales la línea de costa más de 60 metros tierra adentro. Ese fue el caso de la playa del Pinar en Castelló de la Plana, que tuvo una pérdida media de 32 metros, aunque el máximo llegó a 63,3 metros.

‘Gloria’: retroceso de las playas del Pinar, en Castelló de la Plana, y Piles, en la provincia de Valencia (Imágenes satélite: UPV)

En segundo lugar está la playa de Canet de Berenguer, que retrocedió 29,1 metros de media con una pérdida máxima de 39,4 metros; seguida de la del Grau de Gandía, con una regresión media de 26,4 metros y una máxima de 43,7 metros.

Por detrás se sitúan la del Port de Sagunt, con 26,1 metros de media y 43,4 metros de máxima y la de Sant Antoni de Cullera, con 25,4 metros de media y 41,3 metros de pérdida máxima.

Playas de la Comunidad Valenciana (Mapa: IberiaPlayas & SpainCoast)

Ateniéndonos al retroceso máximo, para simplificar la lectura, les siguen las playas de La Malvarrosa y El Cabanyal, en Valencia, con una pérdida máxima de 38,5 metros; la de L’Ahuir en Gandía, que experimentó una regresión máxima de 45,3 metros; la playa de L’Almadrava en Benicàssim, con 59,5 metros; la del Recatí en Valencia, con 38,8 metros, y la de Xeraco, con 40,2 metros.

Estamos hablando de entradas del mar de entre 40 y 60 metros en muchos casos de playas valencianas, lo que explica que haya habido tantos destrozos en construcciones que, de acuerdo con la ley de 2013, son legales a solo 20 metros de la delimitación costera. Es evidente que la ley de Costas debe corregirse porque si no, lejos de expropiar muchas viviendas pegadas a la playa que no deberían estar ahí, sus dueños exigirán a la Administración indemnizaciones por zona catastrófica en estos casos.

La naturaleza tiene sus leyes, de nosotros depende respetarlas para no sufrir innecesariamente catástrofes naturales de las que nos podríamos defender con solo un poco de inteligencia.

Foto: Tino Calvo / Las Provincias
Fotos satélite: UPV
Mapa: IberiaPlayas & SpainCoast

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