El cambio de la jurisdicción laboral por otra mercantil está dinamitando el sistema de pensiones en España

Ignacio Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras, en uno de los encuentros con sindicalistas europeos (Emilia Gutiérrez/La Vanguardia)
Ignacio Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras, en uno de los encuentros con sindicalistas europeos (Emilia Gutiérrez/La Vanguardia)

Últimamente ha aflorado el tema de las pensiones en España porque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha descendido de los 66.815 millones de euros que había en 2011, cuando salió del gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a los 13.500 millones que lo habrá dejado el Partido Popular a finales de 2016. El propio Mariano Rajoy ha reconocido ante Bruselas que la hucha de las pensiones se agotará en 2017.

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Capitalismo financiero y captura del Estado

Viñeta: Forges / El País
Viñeta: Forges / El País

El catedrático de sociología Ignacio Sotelo explica en El País las tres fases históricas que ha tenido el capitalismo desde el siglo XVI hasta el presente: el capitalismo comercial, el industrial y el financiero, éste último el dominante desde finales del siglo XX. A diferencia de las dos anteriores, la tercera fase del capitalismo “necesita poca mano de obra y amenaza a la democracia”, según Sotelo.

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El periodo de prueba de un año sin indemnización es ilegal

Viñeta: Forges
Viñeta: Forges

[Entrada actualizada el 15 de Julio de 2014]

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona ha declarado que el contrato en pruebas que permite despedir a un empleado en el primer año sin indemnización no se ajusta a la legislación internacional (artículo 4.4 de la Carta Social Europea) y es, por lo tanto, ilegal, aunque forme parte de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

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Un desafío político de la globalización: el Estado como instrumento de las multinacionales

Viñeta: Forges/El País
Viñeta: Forges/El País

Si hay un ejemplo claro de políticas neoliberales al servicio de la globalización ésa es la trayectoria del Partido Popular al frente de la Comunidad de Madrid desde 1995. En las grandes operaciones urbanísticas siempre han salido ganando las principales constructoras (empezando por la ACS de Florentino Pérez, de nuevo reelegido presidente del Real Madrid) y los bancos, y cuando no, como en el fiasco de las autopistas radiales de peaje, ya están a punto de ser rescatados por el Estado.

En números, esto se traduce en una deuda del Ayuntamiento de Madrid de 8.423 millones de euros en 2012 (ver gráfico) y un agujero de más de 4.000 millones en el caso de las autopistas que los madrileños y españoles, respectivamente, en tanto que avalistas en última instancia, debemos principalmente a entidades financieras e inversores internacionales, es decir, los protagonistas de la llamada globalización.

Fuente: Banco de España y Ayuntamiento de Madrid (Gráfico: El País)
Fuente: Banco de España y Ayuntamiento de Madrid (Gráfico: El País)

Junto a la construcción y obra pública, los dos últimos presidentes autonómicos, Esperanza Aguirre e Ignacio González, han impulsado la privatización de la sanidad madrileña, previa construcción de nueve hospitales de titularidad pública, pero cuyos auténticos propietarios durante 30 años son empresas constructoras y fondos de capital riesgo que cobran un canon anual a la Administración. Este mes de Junio, la Comunidad ha sacado a concurso la gestión privada de seis de esos nueve hospitales y se han presentado dos empresas más o menos españolas (Ribera Salud y Sanitas) y un grupo puertorriqueño (estado asociado a Estados Unidos), HIMA San Pablo.

En todos los casos, el negocio que generan los ciudadanos madrileños beneficia a grandes multinacionales, españolas o extranjeras, que recurren a la subcontratación para abaratar costes y servicios, y que normalmente emplean ingeniería y paraísos fiscales para tributar lo menos posible en España. Esto es la globalización: empobrecer a la economía local para enriquecer a las élites financieras y compañías multinacionales que cotizan en las bolsas de Londres, Nueva York o Tokio.

La esencia de la globalización la ha estudiado bien la socióloga Saskia Sassen, reciente premio Príncipe de Asturias, quien afirma que la ideología dominante vende la globalización como un proceso inevitable cuando no es así, sino que la globalización tiene geografía, actores y luchas por el poder.

“Mientras Madrid o Manila, por ejemplo, viven un proceso de desigualdad y exclusión social sin apenas capacidad de corrección, Oslo y Copenhague minimizan estos efectos con el mantenimiento de un Estado de bienestar bien dotado y articulado”

Holm-Detlev Köhler, profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, señala en un artículo publicado en El País que Sassen “nos enseña que la globalización tiene una base territorial jerárquica liderada por un reducido grupo de ciudades globales que aglutinan las sedes centrales de las corporaciones transnacionales y grupos financieros, los centros de poder político, las élites de capital humano”. Sassen insiste en que la globalización no genera más riqueza sino que abre una brecha creciente entre ricos y pobres con las clases medias menguantes.

Sin embargo, según como sea la actitud de las autoridades esta presión disgregadora y antisocial será más o menos neutralizada con los instrumentos del Estado. Así, “mientras Madrid o Manila, por ejemplo, viven un proceso de desigualdad y exclusión social sin apenas capacidad de corrección, Oslo y Copenhague minimizan estos efectos con el mantenimiento de un Estado de bienestar bien dotado y articulado”, subraya Köhler.

Sassen demuestra, según Köhler, que “la inversión extranjera en los países en vías de desarrollo no ayuda a retener y emplear a la población autóctona, sino que destruye las economías tradicionales y fomenta la emigración y la desigualdad. La presión de la competitividad y de los agentes financieros reduce las inversiones en educación y bienestar, ahoga el desarrollo y estimula todavía más la emigración y la economía sumergida”.

“Las políticas, los bancos, las universidades, las infraestructuras, etc., permanecen insertados en estructuras estatales pero adoptan funciones globalizadoras”

El sociólogo añade que “Sassen contradice la visión generalizada de los Estados-nación. Los Estados no desaparecen sino que se transforman en un proceso de desnacionalización. Las políticas, los bancos, las universidades, las infraestructuras, etc., permanecen insertados en estructuras estatales pero adoptan funciones globalizadoras. Las grandes categorías sociales, el territorio, la autoridad y los derechos, se habían nacionalizado en largos procesos históricos y ahora se están desnacionalizando facilitando una nueva geografía global”.

“Durante la época nacional, las políticas fiscales, económicas y tecnológicas fortalecían a las naciones y sus ciudadanos. Estas capacidades del Estado-nación se convierten hoy en capacidades de la globalización donde las políticas fiscales y económicas fortalecen a las empresas transnacionales en detrimento de las naciones y los ciudadanos”, argumenta Köhler interpretando a Sassen.

Un ejemplo más de políticas contrarias al bien común: el Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado una enmienda al proyecto de ley de Farmacovigilancia que modificará a su vez la Ley del Medicamento para que no se compren medicinas por debajo del precio marcado por el Ministerio de Sanidad en un intento más por torpedear la subasta de medicamentos implantada por la Junta de Andalucía para ahorrar en gasto sanitario.

Los beneficiarios son obviamente las compañías farmaceúticas, un sector fuertemente internacionalizado, mientras que los perjudicados, absurdamente, son todos los contribuyentes españoles, que ya están haciendo suficientes sacrificios para rescatar a los acreedores de las antiguas cajas de ahorros (el sector financiero internacional: bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras, inversores institucionales), literalmente saqueadas por sus gestores políticos con la complicidad de los grandes partidos y los dos gobernadores del Banco de España que precedieron al actual en el cargo.

Viñeta: Forges
Gráfico: El País

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Merkel aterroriza a los ahorradores chipriotas para atraer a los euros del sur a los bancos alemanes

Viñeta: Forges (El País)

La decisión tomada por la Troika (BCE, FMI y la Comisión Europea) este sábado 16 de hacer un rescate low cost (para ellos) a Chipre significa que, en vez de perder los inversores que apostaron por conceder créditos a la Administración y las empresas de la isla que dio nombre al cobre, una tercera parte del dinero (5.800 de un total de 17.000 millones de euros) la van a poner los impositores de las entidades financieras chipriotas mediante un corralito y fuertes impuestos al ahorro (entre el 7% y el 10%, dependiendo de la cantidad).

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A inversores y banqueros, los nuevos dueños de El País, les sobran un tercio de los periodistas

Nicolas Berggruen, consejero delegado del fondo de capital riesgo Liberty Acquisition Holding, primer accionista de Prisa desde 2010 (Imagen: periodistadigital.com)

[Entrada actualizada el 16 de Septiembre de 2015]

El diario El País, que sigue siendo muy rentable (registró 1,8 millones de euros de beneficios en el primer semestre de 2012), se enfrenta a un recorte de la tercera parte de su plantilla (149 trabajadores, de los que 110 son periodistas) por los graves problemas financieros de su grupo matriz, Prisa, cuyo presidente ejecutivo es Juan Luis Cebrián, fundador y primer director del rotativo.

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Bankia podría ser recapitalizada sin que a los españoles nos cueste un euro

Viñeta: Forges (El País)

[Transcripción literal de la nota de prensa del Instituto Juan de Mariana ‘Bankia podría ser recapitalizada sin que el Estado aporte un solo euro’]

Existe una alternativa a la quiebra desordenada de BFA-Bankia que no pasa por su nacionalización y recapitalización pública: convertir sus pasivos a más largo plazo y de mayor riesgo en fondos propios de la entidad.

Madrid, 29 de mayo de 2012.– El Gobierno español ha decidido inyectar alrededor de 23.500 millones de euros en BFA-Bankia para rescatar a la entidad. Desde luego, en el actual sistema monetario, las consecuencias de dejar quebrar un banco de la magnitud de BFA-Bankia podrían ser devastadoras para la economía, no sólo española sino también europea. Sin embargo, la solución adoptada por el Ejecutivo del Partido Popular no sólo plantea dudas muy importantes en cuanto a su justicia (privatiza beneficios y socializa pérdidas) sino también en cuanto a su adecuación para hacer frente a la crítica situación en la que se encuentra la economía española. Es verdad que existen bancos demasiado grandes para quebrar, pero también lo es que existen bancos demasiado grandes para ser rescatados. De ahí que resulte imprescindible explorar todas las alternativas antes de tomar lo que probablemente sería una decisión muy equivocada.

“Las ventajas de una conversión forzosa de deuda en acciones son muy superiores a las de una recapitalización pública”

La solución del Gobierno del PP consiste en transformar parte de la deuda privada de Bankia en deuda pública de todos los contribuyentes. Con tal de evitar una restructuración de los pasivos de BFA-Bankia, el Tesoro piensa emitir deuda pública con la que recapitalizar a la entidad.

Las deficiencias de este enfoque son varias: por un lado, las pérdidas de unos pocos inversores privados se trasladan a los hombros de todos los contribuyentes; por otro, el Estado español debe acudir al mercado de deuda a captar un volumen de capital que equivale a la mitad de todo el ajuste presupuestario para este año. Dejando de lado que esta provisión de fondos públicos para BFA-Bankia podría terminar computando como déficit según los criterios de Eurostat y, por tanto, empañaría cualquier intento de reducción de los números rojos para el corriente ejercicio, lo que resulta evidente es que si el conjunto de la economía española adolece de un problema de exceso de deuda, la solución al mismo no vendrá de un todavía mayor endeudamiento público.

Logotipo del Instituto Juan de Mariana

En realidad, existe una alternativa para recapitalizar BFA-Bankia sin que los contribuyentes aporten un solo euro y sin que se socave la credibilidad de las finanzas públicas: convertir algunos pasivos de Bankia en fondos propios de la entidad. O, como han explicado diversos economistas del FMI recientemente, se trataría de sustituir la recapitalización estatal (bail-out) por la recapitalización interna de la entidad (bail-in)[1].

Las ventajas de una conversión forzosa de deuda en acciones son muy superiores a las de una recapitalización pública. En primer lugar, las pérdidas se concentran en aquellos stakeholders con una mayor responsabilidad y vinculación con el banco (los acreedores en lugar de los contribuyentes). En segundo lugar, la economía española sanea la situación de su banca reduciendo su endeudamiento agregado y no incrementándolo. En tercer lugar, las maltrechas finanzas del Estado no sufrirán un golpe adicional y acaso definitivo. Por último, BFA-Bankia continuaría en manos privadas –las de los nuevos propietarios, esto es, las de los antiguos acreedores–, evitando así su nacionalización y una deficiente y politizada gestión pública.

“Existen otras alternativas a la quiebra desordenada de BFA-Bankia que no pasan por su nacionalización y recapitalización pública”

Después de reducir a cero el valor de la actual serie de acciones ordinarias de BFA-Bankia, los 23.500 millones de euros que pretende inyectar en total el Gobierno a la entidad podrían aflorar, por ejemplo, a través de la capitalización de la siguiente deuda privada de BFA-Bankia:

  • El 100% de los 15.000 millones de euros en pasivos subordinados.
  • El 30% de los alrededor de 21.500 millones de euros en bonos que vencen entre 2017 y 2050.
  • El 10% de los cerca de 19.000 millones de euros en bonos que vencen entre 2014 y 2017.

Por supuesto, no sólo otros tipos de canje de deuda por acciones son posibles, sino que además sería deseable que se jerarquizaran los niveles de conversión según las garantías otorgadas a cada uno de los títulos de deuda (de modo que a la deuda preferente no garantizada se le aplicaran unos haircuts más altos que a la garantizada). En todo caso, los parámetros que deberían delimitar la magnitud del canje son el nivel de riesgo asumido y el plazo al que se ha prestado a la entidad; con los aquí propuestos, simplemente pretendemos ilustrar que esta recapitalización privada de deuda es completamente factible.

En definitiva, existen otras alternativas a la quiebra desordenada de BFA-Bankia que no pasan por su nacionalización y recapitalización pública. Urge que el Gobierno las considere todas antes de tomar la precipitada e imprudente decisión de comprometer todavía más la solvencia del Reino de España y el futuro financiero de sus contribuyentes, muy en especial en una coyuntura tan crítica como la actual en la que cualquier paso en falso puede ser el último.


[1] Zhou, Jian-Ping y otros. From bail-out to bail-in: Mandatory Debt Restructuring of Systemic Financial Institutions. Staff Discussion Notes No. 12/03. FMI. 2012.