El catedrático de Derecho Constitucional Manuel Jiménez de Parga urge en un artículo que hoy publica El Mundo a que se pongan en marcha una serie de reformas legales, comenzando por la Ley Electoral, para que la democracia española sea capaz de defenderse a sí misma frente a presiones soberanistas, la corrupción u otras amenazas que están degradando el Estado de las Autonomías, como haber dividido la educación en 17 materias diferentes o haber relegado el derecho a hablar castellano en aquellas comunidades donde gobiernan partidos nacionalistas.
Se inclina por el sistema alemán, que concede dos votos a cada elector
«La Ley Electoral no facilita, sino que obstaculiza, tanto la labor del Gobierno como la tarea de la oposición. Unos partidos pequeños, pero bien instalados en determinadas zonas de España, condicionan las decisiones de los grandes partidos nacionales. Además, el sistema electoral de listas cerradas ha contribuido a la transformación de los partidos políticos hasta convertirlos en ‘partidos de empleados’. Lo importante para quienes militan en un partido es conseguir un buen puesto en las listas cerradas y confeccionadas por quienes imponen la disciplina en la organización. Igual que sucede en las empresas privadas, el empleado fiel tiene su premio. Han sido archivadas las viejas teorías sobre los diputados con ideas propias», afirma Jiménez de Parga.
Propone como alternativa la legislación electoral alemana, donde cada elector hace uso de dos votos, de tal manera que «la mitad de la asamblea resulta formada por diputados o senadores de virtudes y defectos conocidos, cercanos al votante, y la otra mitad se integra por representantes de partidos que contribuyen a dar más cohesión al correspondiente grupo».
Sobre la cuestión territorial del Estado, el profesor señala que «con una notable ignorancia de lo que es Cataluña y de lo que es el País Vasco, los políticos con poder se lanzaron, desde el inicio de la Transición, a reestructurar la organización territorial de España. Y se aprobó el Título VIII de la Constitución, dejando abiertas las puertas para que los independentistas amenazaran un día con utilizarlas. Se pecó de falta de conocimiento y de ingenuidad».
«El pluralismo informativo no se consigue, los sindicatos fallan, los gastos de las campañas electorales resultan excesivos, desproporcionados, la corrupción nos invade. Se palpa por doquier una crisis de los valores, la globalización rompe el Estado nacional soberano», advierte Jiménez de Parga.
«Consideración especial tiene que darse a la corrupción en el ámbito de la ordenación del territorio, con calificaciones y recalificaciones urbanísticas para beneficio de quienes dominan los ayuntamientos (…) Las consecuencias de la marginación del Estado en materia de urbanismo están a la vista. El Estado tiene que recuperar la legislación supletoria que constitucionalmente le corresponde. La supletoriedad -hay que recordarlo- es una función del Ordenamiento estatal y esa función se cumple sin necesidad de habilitación de competencia de tipo alguno. Así lo establece el artículo 149.3 de la Constitución y así se deduce de la naturaleza y función del Ordenamiento estatal», indica el catedrático.
Publicado en El Mundo
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