La vigente Ley Hipotecaria está basada en un decreto de 1946, en pleno franquismo, y aunque ha tenido una decena de actualizaciones no ha cambiado lo más importante para bancos y prestamistas, que es que en caso de impago de la vivienda el deudor debe venderla o subastarla y devolver a la entidad financiera el dinero del crédito más los intereses y costas; es decir, la ley garantiza que el banco o caja de ahorros recupera todo el dinero, no sólo el inmueble, para lo cual la casa hipotecada es un activo más junto al resto del patrimonio del hipotecado. No sucede lo mismo en otros países más protectores de los consumidores frente a los bancos, como por ejemplo Estados Unidos o Francia.
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